El sector del transporte profesional por carretera está más cerca de contar con un protocolo estatal para la realización de controles de alcohol y drogas a conductores profesionales, tras el acuerdo alcanzado entre la Confederación Española de Transporte de Mercancías (CETM) y los sindicatos CCOO y UGT, con la participación de la patronal de transporte de viajeros Confebús.
El texto consensuado fue entregado a mediados de enero a la Dirección General de Tráfico (DGT) y servirá como base para la elaboración de una norma de ámbito nacional, con el objetivo de que sea publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE) y resulte de aplicación general en todos los convenios provinciales, tanto en el transporte de mercancías como de viajeros.
Un marco común para todo el sector
Según explicó Carmelo González, presidente de CETM, la intención de la DGT es dotar al sector de un marco normativo homogéneo, evitando la actual disparidad territorial. No obstante, el dirigente empresarial advierte de que la norma aún deberá ser analizada por los distintos ministerios implicados, lo que condicionará los plazos de su entrada en vigor.
Actualmente, solo existen dos convenios provinciales en vigor que contemplan expresamente este tipo de controles: el de Asturias y el de la provincia de Valencia, ambos utilizados como referencia para el diseño del protocolo estatal. El convenio asturiano permite hasta tres procesos de control al año, mientras que el valenciano contempla dos, estableciendo en ambos casos la obligación de preaviso escrito con al menos 15 días naturales a la representación legal de los trabajadores.
Enfoque preventivo y garantías para los conductores
Los sindicatos han subrayado que el protocolo no tiene un carácter sancionador, sino que debe entenderse como una medida de prevención de riesgos laborales. En esta línea, los convenios de Asturias y Valencia incorporan un marco de tratamiento que evita sanciones a los conductores que reconozcan una situación de dependencia, siempre que soliciten la suspensión temporal del contrato para someterse a programas de rehabilitación.
En el caso valenciano, considerado el modelo preferente por las organizaciones sindicales, se establece además que la selección de los trabajadores sometidos a las pruebas deberá basarse en criterios objetivos definidos por el servicio de prevención, atendiendo a los mayores niveles de riesgo individual y colectivo.
Controles, jubilación y cotizaciones: una negociación paralela
La posibilidad de implantar controles de alcohol y drogas ha sido una reivindicación histórica de las empresas de transporte, que ha avanzado de forma paralela a otras demandas sectoriales, como la aplicación de coeficientes reductores para anticipar la jubilación de los conductores profesionales.
Sindicatos y patronales ya han presentado conjuntamente esta solicitud ante la Seguridad Social, que dispone de un plazo de seis meses —hasta el 23 de abril— para emitir una resolución. No obstante, CETM recuerda que cualquier decisión en este ámbito podría implicar incrementos en las cotizaciones sociales, con impacto directo en los costes empresariales, motivo por el cual las organizaciones del sector reclaman participar activamente en el proceso y revisar la cotización por accidentabilidad.
Un paso clave para la seguridad vial y laboral
De confirmarse su publicación en el BOE, el nuevo protocolo supondrá un avance significativo en la seguridad vial y en la prevención de riesgos laborales dentro del transporte profesional por carretera, dotando al sector de un marco jurídico claro, equilibrado y común para empresas y conductores en todo el territorio nacional.
