El estado de las infraestructuras viarias en España ha alcanzado uno de sus niveles más críticos de las últimas décadas. Así lo recoge el último informe de la Asociación Española de la Carretera (AEC), que alerta de un deterioro generalizado de la red viaria nacional como consecuencia de la falta de inversión sostenida en conservación.

Según el estudio, 33.966 kilómetros de carreteras presentan deterioros muy graves, tanto estructurales —baches, deformaciones o efecto “piel de cocodrilo”— como superficiales, con grietas longitudinales, transversales y descarnaduras del firme. Esta cifra supone el 32 % del total de la red viaria española y casi triplica los datos registrados en 2022, cuando se contabilizaban en torno a 13.000 kilómetros en esta situación.

A estos tramos se suman otros 20.407 kilómetros con daños clasificados como graves, que requieren actuaciones correctivas en un plazo máximo de cuatro años. En conjunto, 54.373 kilómetros de los 101.700 km que conforman la red viaria nacional, es decir, más del 52 %, necesitan intervenciones urgentes a corto o medio plazo.

Un déficit de conservación superior a 13.400 millones de euros

La AEC sitúa el déficit acumulado de conservación en 13.491 millones de euros, una cifra sin precedentes que tiene en cuenta el incremento de los costes de materias primas, energía y mano de obra registrado en los últimos años.

El informe detalla que serían necesarios:

• 4.721 millones de euros para las carreteras de titularidad estatal (aproximadamente 26.000 km).
• 8.770 millones de euros para las redes autonómicas y forales (unos 75.300 km).

Además, el deterioro se ha acelerado a un ritmo medio del 8 % anual en los últimos tres años, lo que agrava el impacto económico y operativo para el conjunto del sistema de transporte.

Impacto directo en seguridad vial, logística y costes

El mal estado de las carreteras tiene consecuencias directas que van mucho más allá del confort de la conducción. Según la AEC, el deterioro del firme afecta de forma significativa a la seguridad vial, la eficiencia del transporte de mercancías y los costes operativos, especialmente en el transporte pesado:

• Incremento de hasta un 12 % en el consumo de combustible debido al mayor rozamiento.
• Más de 270 millones de euros de sobrecoste en verano, según estimaciones de la Dirección General de Tráfico (DGT).
• Reducción de la velocidad media del tráfico en un 10 %, afectando a la productividad logística.
• Aumento de hasta un 25 % en los tiempos de viaje para camiones y autobuses.
• Impacto final en los precios de los productos, con incrementos de hasta un 10 % por ineficiencias en la cadena de suministro.

Aragón, Castilla-La Mancha y Galicia, a la cabeza del deterioro

El análisis territorial del informe muestra importantes diferencias entre comunidades autónomas. Aragón encabeza el ranking negativo, con un 68 % de su red viaria en estado grave o muy grave, seguida de Castilla-La Mancha y Galicia, ambas con un 59 %.

Por el contrario, comunidades como Comunidad Valenciana, Cataluña, Madrid, Extremadura y País Vasco presentan niveles de deterioro inferiores a la media nacional, lo que la AEC atribuye a una mayor inversión y prioridad política en conservación viaria.

Inspección digital e inteligencia artificial para auditar el estado viario

El informe introduce una novedad relevante: por primera vez, la auditoría se ha realizado mediante tecnología de inspección digital apoyada en inteligencia artificial, permitiendo analizar 4.000 km de carreteras, una muestra diez veces superior a la de estudios anteriores basados en inspección visual.

El sistema emplea sensores y cámaras de alta resolución capaces de operar a velocidades de hasta 90 km/h, detectando microdeterioros con gran precisión. La metodología, desarrollada íntegramente en Europa y alineada con los criterios éticos de la Comisión Europea, mejora la fiabilidad del diagnóstico y reduce los tiempos de evaluación.

La propuesta de la AEC: un fondo estable y sostenible de conservación viaria

Ante la magnitud del problema, la AEC plantea la creación de un fondo específico y permanente de conservación viaria, con financiación multicanal que garantice su sostenibilidad a largo plazo. Entre las medidas propuestas destacan:

• Asignaciones directas de los Presupuestos Generales del Estado y de las comunidades autónomas.
• Uso de fondos europeos vinculados a la transición ecológica y la digitalización.
• Implantación de sistemas de tarificación por uso, como peajes inteligentes o eco-tasas.
• Modelos de colaboración público-privada para conservación y gestión.
• Revisión de la fiscalidad entre modos de transporte: eliminar exenciones al ferroviario, marítimo y aéreo en el impuesto especial de hidrocarburos podría generar más de 4.000 millones de euros anuales, según la Fundación Corell.