Desde el pasado 12 de junio ha entrado en vigor un nuevo decreto que introduce importantes obligaciones en materia de sostenibilidad para las grandes empresas, también dentro del sector del transporte. Aunque no afecta a la totalidad de operadores, sí marca un antes y un después para muchas compañías que ahora deben incorporar el cálculo de su huella de carbono y diseñar planes concretos de reducción de emisiones.
Nuevas exigencias medioambientales para las grandes flotas
El nuevo marco normativo establece que todas aquellas empresas que estén obligadas a presentar información no financiera —es decir, las que superen los 500 empleados o, durante dos ejercicios consecutivos, tengan más de 250 empleados de media, una facturación superior a 40 millones de euros o activos que sobrepasen los 20 millones— deberán calcular anualmente su huella de carbono.
Este cálculo no se limita al ámbito interno, ya que debe hacerse público de forma gratuita y accesible a través del sitio web corporativo, incluyendo tanto la huella generada como el plan estratégico para su reducción. Estos datos deberán integrarse también en sus informes de sostenibilidad.
Planes de reducción vinculantes y horizontes a cinco años
Más allá del cálculo, las empresas afectadas deberán diseñar y publicar un plan de reducción de emisiones con objetivos medibles y un horizonte mínimo de cinco años. Este plan debe incluir acciones concretas para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y alinearse con los compromisos adquiridos en el marco del Acuerdo de París, incluyendo la transición hacia una economía baja en carbono y el objetivo de neutralidad climática antes de 2050.
Aunque el decreto no impone la inscripción en el registro nacional de huella de carbono —una base de datos oficial gestionada por el Ministerio para la Transición Ecológica— sí invita a las empresas a sumarse de forma voluntaria a partir de 2026, promoviendo una mayor trazabilidad y transparencia ambiental.
Oportunidad para anticiparse desde el sector posventa
Para los talleres, operadores de flotas y distribuidores de recambios vinculados al transporte industrial, este cambio normativo supone una oportunidad estratégica. Las grandes flotas estarán obligadas a medir y reducir sus emisiones, lo que previsiblemente impulsará la renovación de componentes por otros más eficientes, una mayor atención al mantenimiento preventivo y la adopción de soluciones tecnológicas que minimicen el consumo energético y las emisiones de sus vehículos.
Asimismo, las empresas proveedoras podrán diferenciarse ofreciendo productos que contribuyan activamente a estos objetivos de sostenibilidad: desde recambios que reduzcan el peso del vehículo hasta sistemas de gestión electrónica más eficientes o servicios de consultoría medioambiental integrados.
